Tras la admisibilidad de las denuncias efectuadas por comunidades de aguas ante la Dirección General de Aguas (DGA) en contra de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus afluentes (JVRH) por posibles “faltas y abusos en la distribución de las aguas”, la Organización de Usuarios de Aguas (OUA) calificó como “una oportunidad para revisar las decisiones de la Junta desde el año 2018 hasta la fecha, y cómo ésta administración entiende que el agua del río Huasco le pertenece a todos los chilenos y no solo a los denunciantes”.
Juan Pablo Espinosa, Presidente de la JVRH, declaró que “desde el Directorio y la OUA vemos como una oportunidad los procesos de fiscalización impulsados por la DGA, pues es una de sus principales atribuciones que, en nuestra opinión, entregará certezas a nuestros usuarios y permitirá, si así lo confirma la DGA, fortalecer las instancias democráticas de la Junta de Vigilancia, y cumplir los acuerdos legítimos de los usuarios para seguir garantizando la disponibilidad de agua en tiempo de sequía para todos, y no solo para unos pocos.
“El modelo de distribución de aguas que tenemos es lo que ha permitido preservar el recurso hídrico en nuestra zona ante escenarios tan adversos, y ocupar el Embalse para evitar que el agua se pierda en el mar. Somos una de las regiones más áridas y con mayor sequía del país”, agregó Espinosa.
Respecto a las denuncias interpuestas por las Comunidad de Aguas Canal La Pampa, la Empresa Agrícola Perales y la Comunidad de Aguas Canal Marañón y su prolongación, “la DGA señaló que está dispuesta a revisar el tema, pero en ningún caso les dio la razón. Por eso estamos dispuestos a colaborar con el proceso para defender la labor pública que cumple esta organización en beneficio de todos los usuarios de la cuenca.”
Por último, el máximo ejecutivo de la JVRH, Juan Pablo Espinosa, señaló que “desde nuestra organización aportaremos y pondremos a disposición todos los elementos y antecedentes necesarios en el tiempo establecido, con el objeto de contribuir a la investigación, ya que este proceso demuestra que las instituciones fiscalizadoras funcionan, lo que es positivo para la transparencia y tranquilidad de la ciudadanía especialmente de nuestros usuarios de aguas”, sentenció.
